El proyecto para reactivar el aparato productivo propuesto por el Gobierno Central a los bancos, de utilizar el ahorro privado en programas de infraestructura, vivienda, turismo, agricultura e industria exportadora, considero importante que debemos conocerlo, por cuanto, bien gestionados esos recursos, pueden generar beneficios económicos, como crear empleo y estimular al crecimiento económico regional.

Puede tener incluso, implicaciones en la estabilidad financiera de los inversionistas, al reducir su disponibilidad de capital y destinarlo a otras transacciones, al afectar la liquidez y el flujo de efectivo de empresas e individuos.

La imposición de inversiones dirigidas puede desincentivar la inversión privada si se percibe como una carga excesiva o una interferencia en el mercado financiero, generando menor inversión en otros sectores económicos.

Plantea preocupaciones sobre la seguridad jurídica y los derechos de propiedad. Los inversores pueden sentirse afectados si consideran que sus derechos están siendo vulnerados o que no tienen suficiente control sobre cómo utilizar sus recursos.

Una falta de transparencia en el uso de esos fondos generará gran desconfianza. Se requieren garantías que aseguren que esos fondos se utilizarán de manera eficiente y que habrá rendimientos adecuados, ya sea en beneficios directos o indirectos.

La percepción de justicia en la aplicación de esta invitación es crucial. Si los inversionistas sienten que el proceso es equitativo y que los beneficios están bien distribuidos, aceptarán de buena gana. Pero, si se perciben como medidas arbitrarias o desproporcionadas, habrá resistencia y desacuerdo.

Se proponen cambios en varios aspectos económicos y sociales, incluyendo reformas tributarias y políticas para financiar proyectos sociales. Aunque no se ha hablado de una inversión forzosa en el sentido estricto del término, algunas de estas propuestas pueden tener efectos similares al obligar a ciertos sectores a contribuir de manera más significativa al financiamiento del Estado.

En síntesis, este acuerdo público-privado, PP, tendrá beneficios potenciales si se gestionan correctamente, aunque asoman riesgos y desafíos que deben ser cuidadosamente estudiados. La forma como se realicen los acuerdos, la transparencia en su aplicación y la manera en que se equilibran los mutuos intereses son factores clave para determinar su aceptación y credibilidad. Además, la Ley deberá escoltar esta iniciativa.

Por: Luis Emigdio Guerrero Romero