Será mejor que los colombianos nos aseguremos de que nuestros próximos legisladores sean personas muy conocedoras y relacionadas con el sector productivo y empresarial del país.

Personas que alguna vez hayan subido una santamaría y sepan lo que es sostener una empresa con las vicisitudes de todo tipo con que deben lidiar los agentes económicos en este país. Una cosa es mantener una frondosa nómina oficial y otra muy distinta es crear un nuevo puesto de trabajo en una empresa privada.

Lo cierto es que cada día es más y más asfixiante el clima de los negocios en Colombia por cuenta de la abrumadora carga impositiva, directa e indirecta (consolidada en un impresionante 72%), los elevados costos de los servicios financieros y los compromisos económicos derivados de generar un nuevo empleo. Todo ello por cuenta de decisiones tomadas a espaldas de la dura realidad, en una especie de divorcio perfecto entre el sector productivo y el político.

La prensa nacional reseña con asombro que la economía subterránea del país equivale a más del 35% del PIB, lo cual sólo encuentra explicación en que la legislación en materia tributaria y laboral, así como las altas tasas de interés bancario no solamente propician sino que inducen a muchas pymes y personas independientes a trabajar por fuera de la ley.

Pero si la situación es crítica en el escenario nacional, en esta zona de frontera es mucho peor por los factores agravantes que representa la pérdida absoluta del mercado venezolano por el cierre definitivo de los puentes internacionales y por la virtual desaparición del bolívar como  medio de pago aceptable; por la avalancha de venezolanos en fuga por la dramática situación del país y su incidencia en el ya calamitoso índice de desempleo e inseguridad; por la ausencia de inversión pública y privada, y por la zozobra que provoca casi todo lo relacionado con el Catatumbo.

Un cuadro de cosas así demanda especial cuidado en el manejo de la inversión pública regional, no solamente por el tema de la corrupción sino porque esta sea orientada a proyectos realmente prioritarios, tanto para la coyuntura que vivimos, como para el establecimiento de bases y condiciones que atraigan empresas foráneas.

No es el momento de distraer los recursos que con tanto sudor y lágrimas aportan los contribuyentes en proyectos faraónicos, es mejor intentar ser recordado por haber dado el viraje que nuestra economía necesitaba.

ALTERNATIVA

los empresarios locales y las soluciones que plantean, nota que hay mucha desinformación y no se cuenta con un liderazgo ilustrado que señale el rumbo a seguir. Hace falta una organización sólida, que no acuda ni dependa de entidades politizadas, donde tienen asiento representantes del gobierno, porque este último es el menos interesado en dar la solución que la ley establece.

Nos referimos a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 191/95, y que a nadie se le ha ocurrido exigir su reglamentación. Tenemos la base legal para prosperar pero no somos capaces de redactar proyectos de decretos reglamentarios y exigir su aprobación mediante acciones populares.

Nos quejamos de lo costoso que resulta sostener una nómina de empleados con todas sus prestaciones de ley, pero desconocemos que la mencionada norma – aún vigente – dice que la zona de frontera podrá tener un régimen especial laboral y de seguridad social.

Alguien ha hecho la tarea de proponer tal régimen? Esto es algo urgente, sobre todo por la invasión de venezolanos a las calles de la ciudad. Lo mismo ocurre con la asfixia que todos sienten por la presión de los impuestos, las multas y los intereses usureros del Estado: la Ley 191 en su  artículo 2° también establece que esta zona podrá contar con un régimen tributario especial que haga más viable la existencia económica de los negocios y las empresas en Cúcuta y su área metropolitana.

Pero, igual, nadie proyecta tal régimen, y si alguien lo intenta es desoído por sus paisanos, como cuando se advirtió que la exención de IVA, segun la ley, deberia ir hasta diciembre de 2017.

Con el individualismo y celos por protagonismo que caracterizan a la idiosincrasia local parece resultar impensable que se unan y contraten  a un pequeño grupo de profesionales expertos que hagan la tarea de salvarlos.

Seguiremos esperando que algún senador “amigo” se dé el lapo de incomodar al gobierno tramitando las aspiraciones y, sobre todo, los derechos de los cucuteños.