Posiblemente sea necesario remontarnos cincuenta años atrás para medio entender lo que está ocurriendo actualmente en Chile, país que siempre fue considerado paradigma del desarrollo económico por el resto de las naciones latinoamericanas. Nadie, en especial el gobierno, se había percatado de la enorme insatisfacción del pueblo con el “modelo chileno” por la gran carga de desigualdad y discriminación que entrañaba.

En 1970 llega al poder un gobierno de corte socialista, presidido por Salvador Allende, quien comienza a aplicar la que pareciera ser la única receta que conocen los socialistas: la nacionalización de la empresa privada, como elemento fundamental para democratizar la propiedad. Error craso, porque con ello se destruye el emprendimiento, la creatividad y la iniciativa lo que aumenta rápidamente el desempleo y crece exponencialmente la cantidad de menesterosos de los auxilios oficiales, de los subsidios y la beneficencia estatal.

Antes de cumplir tres años en el poder la inflación chilena superaba el 500%, muy seguramente de haber continuado su gobierno Chile habría terminado convertida en la nación paupérrima que es hoy Venezuela o Cuba. Pero la derecha no estaba dispuesta a permitirlo y así Allende fue objeto del cruento golpe de estado propinado por Augusto Pinochet, que le costó la vida.

La receta de Pinochet fue diametralmente contraria: no a la nacionalización, sí a la privatización. Así comenzó la liberación financiera, relajó el control estatal de la economía y llamó a la inversión extranjera, con base en la nueva constitución chilena los servicios básicos como la luz, el agua potable, la educación y la salud, pasaron a manos privadas.

El crecimiento año tras año del PIB per cápita era la envidia no solo del resto de América Latina sino de muchos países del mundo entero, mientras que en el resto de los países latinoamericanos en el año 2018 apenas llega a US$9.000, en Chile supera los US$16.000. Muchos otros indicadores eran objeto de admiración, como la reducción de la mortalidad infantil y de la pobreza de la población. Todo ha estado privatizado, al punto de que el pueblo siente que su país no es propiamente una nación sino una gran corporación privada. Así los sectores que en toda sociedad deben pertenecer al ámbito de lo público fueron cooptados por la empresa privada con su criterio de rentabilidad, causando con ello una gran discriminación y abrigando con ello sentimientos muy profundos de rabia, como se ha visto reflejado en la violencia de las manifestaciones en las calles de Santiago.

Sin darse cuenta fueron formando una sociedad que dejaba de lado a quienes no demostraban mayores condiciones económicas al momento de intentar ingresar a una clínica o a una universidad, fenómeno que no es exclusivamente chileno.

La lección que tiene pensando al resto de países del Río Bravo hacia el sur es que los excesos son perversos. En Venezuela la estatización generalizada acabó con el aparato productivo del país, en Chile la privatización total maltrató gravemente a la sociedad. En ambos casos el común denominador es que los gobiernos no han estado sintonizados en la misma frecuencia de sus pueblos, no tienen una interacción social recíproca. Grave cosa. El mejor antídoto para evitar el contagio comunista es tener gobiernos regionales y nacionales muy eficientes y honestos.