Cúcuta y la frontera requieren con urgencia la adopción de políticas que trasciendan las medidas de carácter asistencialista y coyuntural. La recuperación plena del país vecino tomará al menos un par de décadas, lo que hace que gran parte de la solución deba ser de tipo estructural.

La llegada de centenares de miles de venezolanos en condiciones paupérrimas afecta gravemente al ya precario equilibrio económico regional, lo que origina cuantiosos déficits presupuestales en las áreas de salud, educación, vivienda y seguridad. Por muchos años Cúcuta ha venido registrando los peores indicadores de desempleo e informalidad del país, a lo que ha venido a sumarse la llegada de tantos venezolanos. Es absurdo proponer el cierre de la frontera a una población que, en su desespero por hambre, falta de medicinas y de ingresos, se fuega la vida – literalmente – en las carreteras suramericanas.

Resulta entonces prioritaria la inserción de esa gran masa de población adicional en actividades económicas productivas, a fin de que ella genere sus propios ingresos y pueda así contribuir a sufragar los gastos que su presencia causa en las áreas mencionadas.

Tal inserción solo puede darse ampliando el tamaño del mercado, creando una demanda agregada que viabilice cualquier inversión en proyectos intensivos en el uso de mano de obra. Las condiciones en que se desenvuelve ahora el mercado interno nacional – y, sobre todo, el local – no garantizan en modo alguno la demanda necesaria para esas nuevas producciones.

Es entonces necesario el diseño de un régimen que ofrezca condiciones realmente especiales para el desarrollo económico de la frontera, poniendo el énfasis en actividades productivas. Tradicionalmente se ha cometido el error de limitarse a decretar exenciones temporales de IVA a las ventas en frontera, lo cual mejora la situación de caja de los comerciantes, pero no resuelve el problema en su esencia.

Este régimen debería ser el producto de una combinación de esfuerzos, dentro de un esquema de negociación gana/gana entre el gobierno colombiano, los de los países cooperantes, los empresarios productores, la población vinculada y, obviamente, el mercado, representado por distribuidores y consumidores.

En esencia se trata de emplear la gran cantidad de mano de obra colombiana y venezolana que se concentra en frontera, en la producción de bienes a ser vendidos, mediante acuerdos de comercio, en países solidarios con la tragedia venezolana.

Beneficios para el país:

•  Mayor recaudación por nuevas unidades productivas, comerciales y de servicios complementarios.
•  Ingreso de divisas por concepto de exportaciones.
•  Ingreso de divisas por inversiones directas
•  Ingreso de divisas por pago de servicios y nóminas
•  Generación de empleos directos e indirectos (ingresos vs subsidios de asistencia).
•  Transferencia de tecnologías
•  Concentración de la población migrante

Compromisos del gobierno

•  Negociación de acuerdos comerciales con países cooperantes para la admisión de productos elaborados por empresas fronterizas que incorporen mano de obra inmigrante.
•  Los incentivos de mercado así creados deben complementarse con los de carácter fiscal a la industria nacional que instale satélites en zona de frontera.
•  Régimen tributario, aduanero, laboral y de inversión extranjera especial (contemplado en la Ley 191/95). Se sugiere como gravamen único un Imporenta de 10%.

      No IVA ni gravamen arancelario a la importación de insumos y bienes de capital.

      El salario mínimo podrá acordarse a partir de una base del 75% del SMLMV del resto del país, y los parafiscales podrán pagarse a prorrata de la jornada contratada.

      No se grava a la inversión extranjera ni a la desinversión, ni la repatriación regular de utilidades.

•  Integración del área metropolitana de Cúcuta a la red nacional de gas natural.
•  Promover alianzas públicoprivadas atractivas para mejorar la conectividad hacia el exterior.
•  Fortalecer programas de capacitación en las áreas de interés.
•  Promover entre inversionistas del exterior, a través de Procolombia, embajadas y oficinas comerciales, las condiciones especiales de las fronteras colombianas.

Compromisos de empresa privada

•  Contratar mano de obra con una participación colombiana mínimo de un 50%.
•  Cumplir los compromisos de salario y seguridad social conforme a lo dispuesto por el régimen especial laboral establecido.
•  Exportar al menos el 70% de su producción. Podrá comercializar el 30% atendiendo iguales condiciones de los productores del resto del país.

Beneficios para las empresas

•  Ampliación de sus mercados con nuevos acuerdos comerciales.
•  Seguridad jurídica en un entorno económico estable (inflación del 3%).
•  Menores costos de producción por mano de obra, bienes de capital e insumos importados.
•  Posibilidad de contratar jornadas parciales pagando sus parafiscales a prorrata del tiempo empleado.
•  Facilidades de despido por incumplimiento de niveles de eficiencia esperados.
•  Los beneficios de este régimen especial serán aplicables tanto para las unidades satélite de bienes finales intermedios de la industria nacional, como para las empresas de capital extranjero.