Sin duda la reapertura de la frontera es el tema local que atrapa la atención de los llamados “Homus fronterizus”, que vendríamos a ser todos quienes siempre hemos vivido pegados a uno u otro lado de la línea imaginaria que nos une con Venezuela.

Las expectativas han resultado muy sobredimensionadas en relación con lo que ha demostrado la realidad. No se ha dado el flujo de tráfico desbordado que se esperaba de venezolanos, las razones para ello son varias, como el bajo poder de compra de los vecinos, la introducción de una tercera moneda en las transacciones más simples de la actividad comercial; la confianza perdida luego de más de siete años de virtual rompimiento de relaciones.

Pero, así como el tráfico de venezolanos viniendo a Cúcuta no ha sido lo que se esperaba, tampoco lo ha sido el de colombianos viajando a San Cristóbal o a Ureña o San Antonio. En este caso la causa principal es el poco interés que despierta hacer compras en un mercado desabastecido de prácticamente todo, y el temor de los viajeros a ser abordados por la Guardia Nacional y perder lo poco que hayan podido conseguir allá o verse obligados a darles algo “para el fresco”, como ya es legendario en su léxico.

Como en las parejas reconciliadas luego de un gran desencuentro amoroso, lo que queda es darle tiempo al tiempo para reconstruir la urdimbre de confianza entre unos y otros, y la trama de la voluntad política para hacer que las cosas de verdad funcionen.

El otro gran tema que concita el interés, ya no solo de los cucuteños sino del país en general es la pretendida reforma a los servicios de salud en Colombia. No se conoce nada del detalle de tal reforma, pero sí se sabe de la manera en que se pretende hacer.

Al momento de escribir este editorial – hace una semana – el gobierno mantiene oculto el texto de ella, a la vez que anuncia movilizaciones de calle para apoyarla, lo cual constituye un inédito irrespeto al congreso de la república, que es el recinto natural para las deliberaciones correspondientes, y, especialmente, a la inteligencia del pueblo al despreciar las observaciones que pueda tener a dicha reforma.

El tema no es de poca monta porque afecta de manera muy directa a más de 50 millones de personas que, mal que bien, hoy son mayoritariamente atendidas con el sistema actual. Sistema que seguramente será susceptible de ser mejorado, pero jamás destruido para dar paso a la improvisación de funcionarias de las que el país no conoce mayores antecedentes como expertas en la materia.

Carmen Elisa Ortiz Caselles

Gerente General