Nadie discute que la situación de las finanzas públicas del país es dramáticamente calamitosa. En dos años el déficit fiscal pasó de doce a treinta y tres billones de pesos – !un incremento del 275%! -, lo cual evidencia un manejo muy alegre del gasto público. Lo de los 2.3 billones en publicidad en el 2014; los 15 millones en almendras, 600 millones en cortinas y 1.700 millones en un sitio web, dan una idea de ello (ver Semana edición 1799). Es como un pesado grillete que cargamos todos.
Pero tal déficit no se origina en un bajo recaudo de impuestos sino en el gasto desmedido por parte del gobierno, gasto este que tiene como ingrediente venenoso la corrupción desbordada que se aprecia en todas las esferas e instancias. En las condiciones actuales, los expertos sostienen que lo mejor que le pudo haber pasado al país fue que ganara el No en el plebiscito, pues tal gasto se habría de incrementar muchísimo más de lo que creció con la campaña mediática para su aprobación, y con ello el consabido desmadre de la corrupción. Políticos y contratistas se frotaban las manos alistando las tostadas para esparcirles la mermelada que llegaría a borbotones.
Lo cierto es que ahora todos los colombianos estamos pendientes de lo que nuestros congresistas, esos que nos piden el voto cada cuatro años para reelegirse, harán con el proyecto de reforma tributaria que el Ministro de Hacienda acaba de presentar a su consideración, para que a la carrera se la aprueben. Algo similar al afán de aprobar los acuerdos de La Habana sin que se tuviera el tiempo necesario para digerirlos.
Esta reforma tiene la virtud de golpear con mucha fuerza a la clase media colombiana, que es precisamente la que jalona la economía del país. Es un contrasentido: mientras que todos los países luchan porque crezca su población de clase media porque es la que genera empleos, dinamiza el comercio y el turismo, el gobierno colombiano a punta de impuestos quiere que ese sector de la población retroceda al nivel inferior (clase baja).
Cuando a un modesto establecimiento le imponen eso que llaman monotributo lo están condenando a formar parte de la enorme lista de desdichados que deben presentar cada año a la Dian lo que se conoce como “información exógena”, cuya presentación exige la participación de expertos contadores que, dado lo complejo del informe, cobran una buena suma de dinero que, sumado al monotributo, le amargarán la existencia de por vida.
Poner a tributar renta a quienes tengan ingresos de 2.7 millones en adelante es hacerles la vida aun más difícil a algo más de medio millón de hogares colombianos, y aumentar el IVA al 19% es ciertamente un abuso. Hasta el más ignorante sabe que el IVA es el impuesto más regresivo que existe (golpea más duro a los más débiles), si a todo lo anterior le sumamos lo que se viene en el nuevo costo de la gasolina (por si no fueran suficientes, le llegan dos nuevos tributos: el del CO2 y el del Fondo de Estabilización de Precios).
La gaseosa tamaño familiar subirá casi el 20%, con el pretexto de evitar enfermedades por el azúcar; igualmente subirán en un 300% los impuestos a los cigarrillos. También se gravarán, y mucho, las tarifas por el servicio de internet, los periódicos y revistas. Por ningún lado se ve alivio alguno para el bolsillo de los colombianos, hasta el 4X1.000, que es el más antitécnico de todos los impuestos y que era dizque temporal, se mantendrá indefinidamente.
Lo cierto es que las consecuencias que esta reforma traerá serán bien gravosas para todos los colombianos y bien se puede esperar un gran crecimiento del desempleo. Entre otras cosas porque al perder buena parte de sus ingresos a manos del Estado por la vía de esta reforma tributaria, el recorte del gasto de los hogares será drástico, vale decir, habrá menos compras y consumos de todo, menos diversiones, menos viajes y turismo; no habrá con qué darse ciertos gustos como comprar artículos de marca y cenar fuera de casa. Hasta una simple vuelta en carro será más corta por cuenta del sobreprecio a la gasolina.
Los hogares no podrán en ninguna forma excederse en el gasto, el único que puede hacer eso es el Estado, que gasta a dos manos. Los establecimientos, afectados por menores ventas y mayores impuestos, tendrán entonces que recortar personal.
La capacidad de ahorro del colombiano se verá bien disminuida y con ello el crédito bancario se encarecerá, lo que sumado al aumento general de precios por cuenta del IVA y demás tributos, provocará una ola inflacionaria como no se veía hace años en el país. Todo lo anterior explica la enorme preocupación que tienen todos los sectores de actividad económica, y que se manifiesta en campañas como las que se están dando en las redes sociales conminando a los congresistas a no aprobar la reforma si no quieren verse seriamente castigados con el voto popular en las próximas elecciones. Muchos consideran que ha llegado el momento de usar la democracia haciendo que, quizás por primera vez, los congresistas no hagan lo que les provoca sino lo que sus electores les mandan.
No puede ser que se declaren impedidos para debatir la reducción de sus exagerados salarios, a sabiendas de que ello es un golpe espantoso a las finanzas públicas. Esos trucos éticos no son solamente detestables sino perversos.