SOCIEDAD | El gran tema que ocupa el mayor espacio en la agenda nacional es, sin duda, la seguridad ciudadana. Tiene tantas aristas como fuentes de inseguridad hay, especialmente en Cúcuta, ciudad fronteriza donde convergen todas, absolutamente todas las formas y modalidades de delincuencia.

El problema tiene dos agravantes terribles. De un lado la impunidad, con su perverso efecto demostración, que alienta a delinquir al garantizar que nada pasará. Las cifras son dramáticas y van in crescendo: en el país no se alcanza a capturar el 20% de los responsables de atracos y homicidios, y, lo peor, el 90% de los capturados son reincidentes y el 70% está en régimen de detención domiciliaria (casa por cárcel).

Es inconcebible para cualquiera que una persona registre 57 entradas a la cárcel en menos de tres años – casi dos por mes – por los delitos de homicidio, atraco a mano armada y extorsión. Eso es algo inexplicable para un extranjero que analice el fenómeno. Pero acá nos acostumbramos a ello, lo vemos a diario en las noticias.

De manera absurda se da al atraco con arma de fuego o cuchillo el tratamiento de delito menor, cuando lo cierto es que quien va a atracar lleva todas las intenciones de asesinar si es necesario para obtener su botín. Y es una intención manifiesta, clarísima, sin atenuantes. A veces la víctima no muere sino queda herida, entonces la pena se rebaja o desaparece, cuando lo cierto es que la iban a matar, y eso es lo que hay que castigar.

Las penas severas, en prisión, sin miramientos especiales, son la mejor política y estrategia para la prevención del crimen y el delito. Pero esto no funciona en Colombia por la espantosa corrupción que se aprecia en las tenebrosas declaraciones que dan delincuentes que confiesan que deben darles dinero a todos los actores del sistema judicial para mantenerse activos en la calle. No existe mayor y mejor estímulo al delito que la impunidad.

Los consejos de seguridad convocados por alcaldes, gobernadores, policía y fiscalía, quedan cojos si no asisten y se comprometen los jueces de la República con una acción de conjunto dirigida a combatir, en serio, el delito. De ser necesario construir una o diez cárceles más, pues que se hagan, a fin de cuenta no estamos en Suiza sino en un país azotado por la violencia y la inseguridad. De seguro los colombianos, y en especial los cucuteños, preferimos ver invertidos nuestros impuestos de IVA, predial y valorización en infraestructura y programas para brindar mayor seguridad, que en obras que no traen mayor beneficio.

El otro gran aspecto relevante de la inseguridad lo representan los venezolanos que por millares ingresan sin registrarse en los puntos de control dispuestos para tal efecto. Nada más peligroso para un país, – sobre todo para la frontera – que no saber quiénes andan por acá. Es el caso de las motos que usan en atracos y de las que de nada sirven las fotos a sus placas venezolanas porque no han sido jamás registradas ante ninguna autoridad de tránsito y de policía.

Estamos justo en el borde del abismo en materia de inseguridad, esperamos mayor sensatez, inteligencia y coordinación de parte